¿Qué es el silencio de la Administración?

El silencio de la Administración es un término que se utiliza para describir la falta de respuesta de la Administración a una solicitud. Esto puede ser muy frustrante para los solicitantes, ya que puede significar que no se está prestando suficiente atención a su solicitud, o que la Administración no está interesada en responder. Si bien puede ser difícil de comprender, el silencio de la Administración es en realidad una forma de proteger a los solicitantes de posibles errores. En algunos casos, el silencio de la Administración puede indicar que se está llevando a cabo una investigación y que se espera una respuesta en breve. Si después de un período de tiempo razonable, la Administración no ha respondido, es posible que el solicitante deba considerar otras opciones, como presentar una queja.

¿Cuánto es el silencio administrativo?

El silencio administrativo es un principio jurídico por el cual se presume que la administración pública se ha pronunciado favorablemente sobre una solicitud de acto administrativo cuando transcurre un tiempo razonable sin que se notifique su desestimación. Se trata, por tanto, de una forma de protección de los intereses legítimos de quienes requieren una actuación concreta por parte de la administración.

Este principio se basa en el derecho a la tutela efectiva de los intereses legítimos, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española. En virtud de este derecho, todas las personas tienen derecho a obtener una respuesta por parte de la administración en un plazo razonable.

El silencio administrativo positivo se produce cuando, transcurrido el plazo máximo establecido legalmente para que la administración se pronuncie sobre una solicitud, ésta no ha notificado su desestimación expresa. En este caso, se entiende que la administración ha aceptado la solicitud y, por tanto, se produce un efecto jurídico favorable para el interesado.

Por el contrario, el silencio administrativo negativo se produce cuando, transcurrido el plazo máximo establecido legalmente para que la administración se pronuncie sobre una solicitud, ésta no ha notificado su aceptación expresa. En este caso, se entiende que la administración ha desestimado la solicitud y, por tanto, se produce un efecto jurídico desfavorable para el interesado.

En ambos casos, el interesado puede recurrir a la vía judicial para impugnar el acto administrativo presunto.

¿Cómo puede ser el silencio administrativo?

El silencio administrativo positivo es una figura jurídica por la que se reconoce que, en determinadas ocasiones, el silencio de la Administración Pública puede tener el mismo valor que una respuesta negativa. Es decir, que si una persona solicita una autorización a la Administración Pública y esta no se pronuncia en un plazo razonable, se considerará que su solicitud ha sido denegada.

La doctrina del silencio administrativo positivo se basa en el principio de eficacia de la administración pública. Según este principio, la administración pública debe actuar de manera eficiente y eficaz, lo que significa que debe adoptar las medidas necesarias para resolver las situaciones planteadas por los ciudadanos. En el caso del silencio administrativo, si la administración no se pronuncia en un plazo razonable, se está omitiendo su deber de actuar de manera eficiente.

El silencio administrativo positivo se encuentra regulado en el artículo 42.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común. Según este artículo, si la administración no se pronuncia en el plazo máximo de un mes, a partir de la recepción de la solicitud, se considerará que su silencio es negativo. No obstante, el artículo 42.3 de la misma ley establece que el plazo de un mes puede ser ampliado hasta dos meses en casos especialmente justificados.

El silencio administrativo positivo es una figura jurídica muy importante, ya que garantiza la eficacia de la administración pública. Sin embargo, también es cierto que, en algunos casos, puede perjudicar a los ciudadanos. Por ejemplo, si una persona solicita una autorización para realizar una actividad y la administración no se pronuncia en el plazo establecido, se considerará que su solicitud ha sido denegada. En este caso, la persona puede recurrir la decisión de la administración, pero mientras no se resuelva el recurso, la actividad que quería realizar no podrá llevarse a cabo.

¿Qué pasa cuando hay silencio administrativo?

El silencio administrativo es una figura jurídica por la que se otorga a un particular el derecho a que su solicitud sea respondida por la administración, siempre y cuando esta no se manifieste en un plazo razonable. El silencio administrativo positivo se produce cuando, transcurrido el plazo razonable, la administración no se ha pronunciado sobre la solicitud. En este caso, se entiende que la administración está de acuerdo con el particular y puede proceder a llevar a cabo la actuación solicitada. Por otro lado, el silencio administrativo negativo se produce cuando, transcurrido el plazo razonable, la administración no se ha pronunciado y, además, el particular no puede llevar a cabo la actuación solicitada. En este caso, se entiende que la administración se ha pronunciado de forma negativa y el particular puede interponer un recurso. El silencio administrativo es una figura jurídica muy importante ya que garantiza el derecho de los particulares a recibir una respuesta de la administración en un plazo razonable.