¿Qué Ley regula el procedimiento laboral?

El procedimiento laboral en España está regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil, la cual es la norma procesal por excelencia en todo el ámbito civil, incluyendo el laboral.

Esta ley establece un procedimiento judicial claro y detallado para el tratamiento de los asuntos relacionados con la relación laboral, incluyendo tanto las reclamaciones de derechos como las controversias entre trabajadores y empresas.

La Ley de Enjuiciamiento Civil establece los principios fundamentales del proceso laboral, tales como la oralidad, la inmediación, la publicidad y la tutela efectiva de los derechos.

Además, esta ley también establece los plazos para la celebración de las vistas, la presentación de pruebas, la emisión de sentencias y los recursos que pueden interponerse en cada etapa del proceso.

En definitiva, la Ley de Enjuiciamiento Civil es la norma que regula todo el procedimiento laboral en España, garantizando la protección de los derechos de los trabajadores y el correcto funcionamiento del sistema judicial en esta materia.

¿Que regula la ley de Procedimiento laboral?

La ley de Procedimiento laboral es una normativa en España que regula todo lo referente a los procedimientos laborales en el país. Se encarga de establecer las normas y procesos que deben seguirse en caso de que se produzca una demanda o conflicto laboral.

Entre las principales funciones de esta ley se encuentra regular el proceso de conciliación previa a cualquier demanda laboral y establecer los plazos y requisitos que deben cumplirse para presentar la demanda correspondiente.

Además, esta ley también regula el proceso de juicio en sí mismo, estableciendo las normas procesales que deben seguirse por todas las partes implicadas. Establece también las garantías y derechos de los trabajadores, y regula la actuación de los sindicatos y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La ley de Procedimiento laboral también es importante para regular los procedimientos de impugnación de convenios colectivos y las sanciones a empresas que incumplen la normativa laboral. Finalmente, esta ley establece el procedimiento a seguir en caso de recursos de suplicación y casación.

¿Qué norma rige las relaciones laborales en España?

En España, la norma principal que rige las relaciones laborales es el Estatuto de los Trabajadores. Se trata de una ley que establece las condiciones básicas de trabajo, como el salario mínimo, la jornada laboral, las vacaciones y el derecho a la seguridad social.

El Estatuto de los Trabajadores también establece los derechos y deberes de los empleados y los empleadores. Por ejemplo, establece la obligación de pagar el salario en plazo y forma, y la obligación de ofrecer condiciones de trabajo seguras y saludables. También establece el derecho de los trabajadores a la libertad sindical, esto es, el derecho a afiliarse a un sindicato y a participar en actividades sindicales.

Además, el Estatuto de los Trabajadores establece diferentes tipos de contratos laborales, como el contrato indefinido, el contrato temporal y el contrato para la formación y el aprendizaje. Cada tipo de contrato tiene sus propias condiciones y requisitos.

La norma también establece los procedimientos para iniciar y finalizar una relación laboral, como el período de prueba, la extinción del contrato, las indemnizaciones por despido y el derecho a la jubilación. También establece los derechos y deberes en caso de conflictos laborales, como los procedimientos de arbitraje y de mediación.

Es importante destacar que, además del Estatuto de los Trabajadores, existen otras normas y leyes que también rigen las relaciones laborales en España, como los convenios colectivos, las normas de seguridad e higiene en el trabajo y las normas de prevención de riesgos laborales.

¿Cuál es el nuevo procedimiento laboral?

El nuevo procedimiento laboral en España se ha modificado recientemente con el objetivo de mejorar la eficacia en la gestión de los conflictos laborales. Este procedimiento establece una serie de directrices y plazos para resolver cualquier tipo de conflicto que pueda surgir en el ámbito laboral.

Una de las novedades más destacadas del nuevo procedimiento laboral es la creación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). Este organismo se encarga de ayudar a las partes implicadas en un conflicto laboral a llegar a un acuerdo de forma rápida y eficaz a través del diálogo y la mediación.

Otra de las claves del nuevo procedimiento laboral es la obligatoriedad de intentar la conciliación previa a la vía judicial. Esto implica que antes de presentar una demanda o un recurso ante los juzgados, las partes deberán intentar resolver el conflicto a través del servicio de mediación y arbitraje o mediante la conciliación en los servicios administrativos competentes.

Además, el nuevo procedimiento laboral establece plazos más cortos para la resolución de los conflictos. En caso de que no se llegue a un acuerdo en la fase de conciliación, la siguiente etapa es el juicio, que deberá resolverse en un plazo máximo de 20 días hábiles desde su admisión a trámite.

En definitiva, el nuevo procedimiento laboral ha introducido cambios significativos en la gestión de los conflictos laborales en España. La creación del servicio de mediación y arbitraje y la obligatoriedad de la conciliación previa a la vía judicial son algunas de las medidas que buscan agilizar la solución de los conflictos y mejorar la eficacia en la gestión de estos procesos en el ámbito laboral.

¿Qué dice el artículo 71 de la ley 36 2011?

El artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social establece los criterios para la acumulación de acciones en un mismo procedimiento.

En primer lugar, se podrá acumular en un mismo procedimiento la demanda de varias personas contra un mismo demandado o demandados, siempre que las personas demandantes tengan el mismo interés en la resolución del litigio y el mismo objeto del mismo.

En segundo lugar, se podrá acumular también en el mismo procedimiento varias demandas que tengan el mismo objeto y que se basen en los mismos hechos.

La acumulación de acciones podrá efectuarse en cualquier momento del proceso, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 71. Además, el juez o tribunal deberá valorar si la acumulación tiene por objeto agilizar el procedimiento o si puede generar una mayor complejidad en el mismo.